El alquiler de viviendas vacacionales se disparó en muchas ciudades con la llegada de Airbnb hace más de una década. Así, ha llegado un punto en el que regular el sector parece una tarea difícil y ninguna ciudad ha conseguido dar con la «fórmula» adecuada. Barcelona, Londres, Berlín o Copenhague ya han puesto en marcha normativas para evitar el caos en los barrios y zonas más populares, pero lo cierto es que muchos propietarios intentan burlar las normas, lo que convierte su cumplimiento en un gran reto.
Para evitar que un gran número de viviendas se dediquen al mercado turístico, los gobiernos de varias ciudades han puesto en marcha algunas normas de «bloqueo». Es el caso de Dallas, que ha prohibido las viviendas vacacionales en determinados barrios residenciales; Barcelona, que ha prohibido todos los alquileres de habitaciones a corto plazo en viviendas particulares; o San Francisco y Seattle, que han puesto límites al número de propiedades que puede tener un anfitrión, como explica Bloomberg. Otras ciudades limitan el número de noches que se puede alquilar una propiedad al año, como París o Londres.
El objetivo final de estas medidas es evitar la «expulsión» de residentes del centro de las ciudades y la retirada de inmuebles del mercado de alquiler a largo plazo.
El reto de regular los alquileres vacacionales
En Berlín, por ejemplo, las autoridades flexibilizaron recientemente una normativa que resultaba imposible de aplicar. En este caso, la ciudad prohibió los alquileres a corto plazo en pisos, pero no en habitaciones individuales, en 2016, con la esperanza de devolver las propiedades al mercado de alquiler a largo plazo y aliviar la crisis inmobiliaria de la capital alemana. Sin embargo, Airbnb y otras webs rivales se negaron a compartir datos sobre anfitriones concretos, lo que hacía imposible saber quién infringía la ley, por lo que en varias ocasiones los tribunales se pusieron de parte de las empresas.
Por su parte, Barcelona es, según Bloomberg, una de las ciudades europeas que más recursos invierte para regular las plataformas de alquiler vacacional. Así, es la única gran ciudad del continente que prohíbe, por ejemplo, el alquiler de habitaciones individuales y un sistema de licencias puesto en marcha en 2011 obliga a las empresas a mostrar números de licencia en todos los anuncios.
A pesar de ello, la ciudad todavía lucha por controlar el mercado, ya que Inside Airbnb calculó que el 30% de las 15.655 propiedades de Airbnb registradas en la Ciudad Condal a finales de junio eran ilegales, al haber sido publicadas con números de licencia falsos. Asimismo, otro 25% de los anfitriones afirmaba estar exento de los requisitos de licencia, aunque Airbnb no exige pruebas.
Por último, en Londres hay informes de anfitriones que comparten una propiedad a través de diferentes plataformas. Es decir, crean múltiples anuncios para la misma propiedad y cambian la descripción o utilizan fotografías desde diferentes ángulos. También es habitual anunciar el mismo piso en dos lugares distintos, diciendo, por ejemplo, que una propiedad se encuentra en Westminster cuando en realidad está en Camden.
