La inversión fallida de los «nobles y ricos» en Valdecañas

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El Tribunal Supremo mantiene su dictamen sobre el derribo del complejo urbanístico Isla de Valdecañas tras rechazar el recurso presentado por la Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas argumentando la incompatibilidad de dos jueces que intervinieron en el fallo. Los afectados por el derribo van a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para evitar la demolición de las 180 villas de lujo, hotel, campo de golf y varias instalaciones.

El Alto Tribunal desestima los incidentes de nulidad interpuestos por el gobierno extremeño y los propietarios basándose en la presunta incompatibilidad de dos de los jueces que intervinieron en el fallo, argumentando que podría chocar con el artículo 24 de la Constitución que protege el principio de tutela judicial efectiva.

Ahora, los afectados ya han confirmado que harán efectivo el plazo previsto de 30 días para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “El Supremo fue más allá del debate planteado, pues debía valorar únicamente la existencia o no de las causas planteadas por el TSJ de Extremadura por las que proponía una ejecución alternativa que contemplaba mantener lo ya construido, conciliando de forma proporcionada la preservación de los intereses medio ambientales, el desarrollo del entorno y los derechos de propiedad”, han afirmado los propietarios en un comunicado tras conocer el fallo del Alto Tribunal.

Los propietarios sostienen que el derribo de las edificaciones supondría un daño al medioambiente muy superior que la situación actual. La Marina Isla Valdecañas es una urbanización de lujo construida sobre una isla artificial en el embalse de Valdecañas, entre los pueblos de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres. A una hora y media de Madrid, se empezó a construir entre 2006-2007 y desde el primer momento tuvo en contra a los ecologistas, que denunciaron su edificación en una zona de especial protección medioambiental. Son ya casi 15 años de conflicto que parece que aún no tiene solución.

En entredicho si la zona del embalse de Valdecañas es suelo protegido

En paralelo al recurso presentado, el promotor del complejo pedirá al Tribunal Supremo que revise la sentencia que declaró ilegal el Plan General Municipal (PGOU) del municipio de El Gordo en 2020, por entender que está basada en la premisa errónea de que el complejo Isla de Valdecañas se había levantado sobre suelo protegido.

Y es que la propia Junta de Extremadura no ha clarificado si la zona del embalse de Valdecañas tiene la declaración expresa como zona de especial protección para las aves (ZEPA) a comienzos de la década de los 2000.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que serán ahora los tribunales los que deben decidir si las comunicaciones a Bruselas sobre la inclusión del entorno de Valdecañas en la Red Natura 2000 son suficiente para aplicar esta protección, ya que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura nunca publicó un decreto expreso sobre esta zona protegida.

Ecologistas y abogados afirman que desde 2006 existe una normativa que cubre los vacíos legales detectados en la anterior Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura de 1998 y las adapta a las exigencias de la red Natura 2000.